Chile celebra el domingo 4 de septiembre un plebiscito de salida que definirá el destino de la propuesta de nueva Constitución en Chile. Serán 15,1 millones de ciudadanos los convocados a las urnas de manera obligatoria, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Es un texto que propone un cambio profundo en la institucionalidad chilena, como la declaración de un Estado social de derecho, y que termina con instituciones que han acompañado a toda la República, como el Senado. Las últimas encuestas conocidas antes de la prohibición de publicar nuevos sondeos de opinión otorgan una ventaja de alrededor de 10 puntos a la opción de los que rechazarán el texto. Los expertos electorales, aunque consideran complejo un cambio de las tendencias, no descartan que pueda darse vuelta al tablero, sobre todo considerando la forma en que el Gobierno de Gabriel Boric se ha desplegado por la nueva Constitución, fundamental —han dicho los ministros— para llevar adelante la batería de reformas comprometidas.
El texto que se plebiscitará no se realiza al final de un periodo autoritario —como era costumbre en el pasado—, sino por el lento deterioro de la legitimidad de las instituciones democráticas. A juicio de sus defensores, se trata del proceso más democrático e inclusivo que Chile ha tenido nunca. La propuesta rompe moldes: se ha convertido en la primera en el mundo redactada por un órgano paritario entre hombres y mujeres, con un marcado sello feminista que trasciende todo el texto. Pero aunque este aspecto y los bienes públicos garantizados parecen sintonizar con la ciudadanía, existen aspectos diversos que preocupan a diversos sectores, por lo que la propuesta no concita apoyos de grandes mayorías.
EL licenciado Alberto Barlocci comparte su mirada y analisís sobre este tema…
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